Primero, un poco de historia: La Junaeb con su Dirección Nacional y también la Regional Metropolitana funcionaron hasta el año 1982 en dependencias ubicadas las cercanías del Metro Los Héroes, en pleno Centro de Santiago. Por algún motivo que desconocemos, en dicho año se trasladaron las oficinas a Antonio Varas (DN) y Lyon (DRM), ambas en Providencia.
Desde ese tiempo que el edificio quedó a cargo del Ministerio de Educación, al que fue “cedido temporalmente”. Con el paso del tiempo, dejaron de usarlo como oficinas, quedando prácticamente botado, a tal punto que actualmente hay gente que lo ha tomado y se encuentra viviendo en el lugar.
Son dos las propiedades que forman parte del patrimonio de Junaeb (Nicanor de la Sotta y la otra en Fanor Velasco), inscritas en el Conservador de Bienes Raíces desde los años 1968 y 1979, que en lugar de ser destinadas al uso institucional, se han dejado abandonadas pese a las notificaciones y solicitud es emanadas desde Mineduc. Se ha preferido arrendar nuevos espacios, antes de recuperar y hacer uso de aquellos que le pertenecen.
Hasta el año 2019 las dependencias ubicadas en calle Nicanor de la Sotta fueron usadas, previa autorización de la Seremi, por la USACH, luego de lo cual se destinó como bodega de la Secreduc. Sin embargo, desde septiembre del 2021 la Secretaría Regional Ministerial de Educación está solicitando a Junaeb que intervenga frente a la evidente usurpación del espacio, como dueña del inmueble, pero no ha habido respuesta.
Para Jonathan Quilobrán, Presidente de Afaeb Región Metropolitana, esta situación no se puede sostener en el tiempo: “Junaeb paga arriendo por bodegas y oficinas a particulares. Cada año gasta más de $700 millones de pesos en arriendo y habilitación de las oficinas de la Dirección Nacional, cuando perfectamente podría ocupar menos recursos para habilitar este espacio propio. Nos llama la atención que se haga esto sin dar una justificación adecuada. Termina siendo una decisión que genera sospecha y alarma”, explica.
Desde Afaeb esperamos que las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto y recuperen ese espacio para la institución, y así dar señales de austeridad y compromiso con la situación económica que está viviendo Chile, evitando gastos de arriendo millonarios innecesarios que cada mes superan los 60 millones de pesos, que sólo incrementan las ganancias de privados que con este tipo de contratos aseguran sus ingresos por años.
