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LA CRISIS ALIMENTARIA Y UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN

Coordinadora por una alimentación digna

Noviembre 2022

No es novedad que estamos en medio de una crisis económica, política y social que afecta a gran parte de las familias y trabajadores/as del país, sobre todo, aquellos sectores que habitan cotidianamente establecimientos educacionales y de salud pública.

La pandemia trajo consigo una serie de consecuencias en el espacio educacional. Por una parte, el encarecimiento general de la vida ha volcado en las escuelas la carga de proveer el alimento que permita sostener el día a día de las familias chilenas y, por otra, el retorno intempestivo y desregulado a clases presenciales hizo imposible resolver muchos de los problemas de salud mental generados en niños, niñas y adolescentes durante una pandemia.

En los últimos meses, las y los estudiantes nuevamente se han encargado de develar aquello que como sociedad no queremos oír. Esta vez, sobre la profunda crisis alimentaria que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes de las familias chilenas, en el contexto del abandono de la educación pública, y con ello también, de la infraestructura que posibilita o no una alimentación digna.

Durante la emergencia sanitaria se implementó el programa a través de la entrega de cajas de alimentos para su preparación en los hogares, lo que pese a ser una modalidad de apoyo, evidenció los límites de un modelo incapaz de responder a las demandas de calidad, oportunidad y pertinencia tanto en la emergencia, como en el período regular.

La alta externalización y el lucro que significa este programa traslada la preocupación por los niños, niñas y jóvenes a un segundo plano, donde el Estado aparece más como garante de los intereses económicos de privados que de los derechos de las y los estudiantes.

En este marco, como conjunto de organizaciones y actores vinculados a la educación pública, creemos urgente avanzar hacia los siguientes objetivos.

  1. Garantizar el derecho a la educación a través de una alimentación universal,
  2. Devolver los recursos hacia la población objetivo, evitando desviarla al enriquecimiento del empresariado,
  3. Habilitar a las comunidades educativas en el control del servicio,
  4. Asegurar una alimentación con pertinencia cultural y territorial

Para ello, exigimos medidas urgentes al Gobierno de Gabriel Boric y a las diversas autoridades públicas involucradas.

  1. La instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno y las diversas instituciones y organizaciones vinculadas a alimentación para revisar modelo de alimentación en todos los niveles de educación y avanzar en una Ley de Alimentación Escolar, enmarcado en un Sistema Nacional de Cuidados que comprenda la alimentación de niños, niñas y adolescentes desde una óptica integral; que vaya de la Sala Cuna hasta la educación superior,
  2. El compromiso político y normativo para la modernización del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB. Luego de diversas auditorías y diagnósticos realizados por entidades públicas y privadas, el principal ejecutor y coordinador de políticas alimentarias del país debe reformarse estructuralmente en aras de dar respuesta a la crisis alimentaria actual y los diversos desafíos del siglo XXI (descentralización, migración, inequidad, teletrabajo), dotándola de mayores facultades y recursos para ello
  3. Acciones de fomento de la producción local alimentaria y economía circular. Una manera eficiente y eficaz de paliar los efectos de la crisis económica como ambiental resulta del fomento de la cooperación, la solidaridad ciudadana y la autogestión alimentaria, por lo que se hace imprescindible avanzar en su promoción y desarrollo.

 

Entendiendo que los cambios que se requieren son de orden estructural y ante la realidad que nos enfrenta a una profunda crisis social y económica creemos indispensable tomar acciones inmediatas. Para ello, proponemos las siguientes medidas de corto plazo:

  • Pago Baes directo a cuentas rut, sin pasar por administración de privados, traspasando dicho monto como incremento de la beca de inmediato
  • Universalización Programa Alimentación para establecimientos públicos, que permita enfrentar la crisis económica y la anunciada recesión que afectará a las familias con mayor crudeza el año 2023
  • Reinstalación desarrollo de nuevos proveedores para el programa
  • Garantizar alimentación ante suspensión de clases presenciales o cierre de año anticipado
  • Levantar catastro de la infraestructura existente en los establecimientos (cocinas y comedores) y un plan de trabajo para su mejoramiento
  • Revisión y ajustes de las becas de mantención y complementarias
  • TNE universal, modificando criterio de exclusión para su uso

 

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