Desde nuestro rol de representantes de los funcionarios asociados y asociadas de AFAEB, respecto de la denuncia presentada por el exdirector Cristóbal Acevedo en el marco de la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, donde afirma que los supuestos hechos denunciados fueron advertidos de forma directa por los funcionarios/as de JUNAEB, manifestamos lo siguiente:
Lo expuesto por el exdirector Acevedo no ha sido conocido, advertido ni denunciado al interior de esta Asociación Gremial.
Como funcionarios/as no tenemos un rol fiscalizador de la ejecución de los recursos dada la naturaleza de nuestras funciones establecidas por JUNAEB, como sí lo tiene la Superintendencia de Educación y otros servicios públicos del país; por lo cual, no tenemos acceso a informaciones de esta envergadura.
Por el contrario, existen dificultades en la supervisión de la ejecución del programa de alimentación escolar y otros programas en los distintos establecimientos educacionales a nivel nacional. Somos el servicio con el presupuesto más alto del sector de educación y poseemos la segunda Licitación más grande del estado; aun así, no contamos con la dotación de funcionarios que asegure el correcto desarrollo de los programas.
En los últimos años nuestras funciones y programas se han externalizado, lo que implica la precarización de la función pública y anula el rol que por ley nos corresponde, tampoco se ha aparejado esto con una distribución óptima del presupuesto que asegure los gastos operacionales básicos de la institución, la dotación de personas y la estructura acorde a los procedimientos actuales, alejándonos como funcionarios de la intervención en procesos como los denunciados por el exdirector, dejándonos al medio de presiones políticas e intereses privados.
Por lo tanto, rechazamos categóricamente que se nos atribuyan responsabilidades políticas sobre las que no tenemos injerencia alguna, y hacemos un llamado público a la administración actual de nuestro servicio a esclarecer, denunciar y sancionar toda situación que empañe nuestra labor o nos someta al escarnio público, y a la voluntad política de las y los parlamentarios para que exista una nueva ley orgánica para la institución, así como también se dé celeridad al proyecto de ley que garantice una adecuada alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes del país.
