Reajuste salarial y mejoras económicas
Entre las principales demandas económicas, la MSP solicita un reajuste nominal de remuneraciones de un 6,3%, asegurando un incremento real de al menos un 2% por sobre la inflación. La propuesta busca proteger el poder adquisitivo de las y los funcionarios públicos frente al aumento del costo de la vida.
El pliego también contempla:
- Incremento del bono mensual para trabajadores de menores rentas.
- Establecimiento de remuneraciones mínimas por estamento, alcanzando desde $609.766 para auxiliares hasta $721.885 para técnicos.
- Mejora en aguinaldos, bono de vacaciones, escolaridad y bono de término de negociación. Trabajo decente y estabilidad laboral
La propuesta pone especial énfasis en combatir la precarización laboral dentro del Estado. Para ello, demanda fortalecer el empleo de planta, ampliar las carreras funcionarias y avanzar en el traspaso efectivo de trabajadores contratados a honorarios que cumplen funciones permanentes.
Asimismo, solicita reforzar las garantías frente a las no renovaciones de contrata y establecer mecanismos que resguarden la estabilidad laboral y el debido proceso para las y los funcionarios públicos.
Jornada laboral de 40 horas y teletrabajo
La MSP plantea reactivar la mesa de trabajo para implementar las 40 horas en el sector público sin reducción de remuneraciones ni aumento de cargas laborales. Además, propone extender las normas de teletrabajo vigentes hasta el año 2030 y avanzar hacia una regulación permanente que garantice derechos laborales, desconexión digital y financiamiento de los costos asociados
Libertad sindical y seguridad funcionaria
El documento exige fortalecer las garantías para dirigentes y dirigentas sindicales, evitando pérdidas remuneracionales derivadas del ejercicio de funciones gremiales. También demanda proteger plenamente la libertad sindical y la negociación colectiva en el Estado.
En materia de seguridad, solicita reactivar la Mesa de Seguridad Funcionaria para abordar agresiones y riesgos que enfrentan trabajadores y trabajadoras del sector público, mediante protocolos, infraestructura adecuada, apoyo jurídico y programas de salud ocupacional.
Salud mental, cuidados y equidad de género
Dentro de las materias sociales, el pliego propone fortalecer las mesas de Salud Mental, Cuidado Infantil y Equidad de Género. Entre las medidas destacan la ampliación del acceso a sala cuna, el desarrollo de políticas de conciliación laboral y familiar, el fortalecimiento de la implementación de la Ley Karin y acciones concretas para reducir brechas salariales de género en el sector público.
Demandas sectoriales y fortalecimiento de los servicios públicos
La propuesta también incorpora demandas específicas de sectores como salud, educación, municipalidades, universidades estatales y jardines infantiles, incluyendo mejoras remuneraciones, homologación de beneficios, fortalecimiento de plantas funcionarias y protección de condiciones laborales.
Las organizaciones firmantes señalaron que estas demandas buscan fortalecer los servicios públicos y reconocer el trabajo de quienes diariamente sostienen la atención del Estado en todo el país, reafirmando que la función pública debe contar con recursos, estabilidad y condiciones dignas para responder a las necesidades de la ciudadanía
El pliego presentado por la Mesa del Sector Público marca el inicio del proceso de negociación con el Gobierno y busca responder a los desafíos que enfrentan las y los trabajadores del Estado en un escenario de restricciones presupuestarias y crecientes demandas ciudadanas. Las organizaciones sindicales que integran la instancia sostienen que mejorar las condiciones laborales, fortalecer la función pública y garantizar financiamiento adecuado para los servicios estatales son elementos esenciales para asegurar una atención digna y oportuna a la ciudadanía en todo el país.
Desde la MSP se reafirmó además que la negociación colectiva, la libertad sindical y el diálogo social constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia un Estado más eficaz, profesional y capaz de garantizar derechos, destacando que los acuerdos que surjan de este proceso tendrán un impacto directo tanto en las condiciones de trabajo de miles de funcionarias y funcionarios públicos como en la calidad de los servicios que recibe la comunidad
La propuesta fue suscrita por las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público, coordinada por la CUT Chile, e inicia formalmente el proceso de negociación con el Ejecutivo para el período 2026-2027.
