En estos días se ha conocido la noticia de que la ex intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto sería sancionada con destitución luego del sumario realizado por Contraloría, por nada menos que fraude al fisco, por un monto de $9.800.000.000
La entidad de control comprobó la compra irregular via trato directo de terrenos, eludiendo la toma de razón correspondiente.
En dicha actuación también se encuentra involucrado y con misma sanción propuesta (destitución), el ex asesor jurídico de Junaeb Coquimbo, Eduardo Espinoza, quien se desempeñó en el primer gobierno de Piñera, a honorarios durante la dirección de Yuri Olivares.
Cabe recordar que dicha gestión regional estuvo marcada por prácticas contra las dirigentas regionales de AFAEB, a quienes este asesor intentó censurar, además de hostigar permanentemente a nuestro ex colega, que ocupaba un cargo de concejal, Lombardo Toledo.
Este sujeto, dado el tipo de relación que estableció con el equipo regional, se ganó el apodo de “el sicario”, manteniendo una foto en su oficina, donde tenía a las personas marcadas, según su afinidad o no con la Dirección de turno.
Desde la institución en su entonces se elaboró un perfil a su medida, que le permitió mantenerse y con total confianza de la jefatura regional generar tensión, y problemas de clima laboral. Esta noticia siembra la duda de las actividades que desarrollaba mientras se desempeñó en nuestra institución y los posibles negocios personales que pudo haber generado desde dicha posición de poder, por lo que se hace aún más necesario que como asociación y funcionarixs mantengamos una actitud vigilante con aquellas conductas que puedan vulnerar la ética y la probidad.
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