1.- Presidenta: Andrea Carvajal Toro
2.- Tesorera: Jennifer Rojas Páez
3.- Secretaria: Joselyn Molina Ibacache
1.- Presidenta: Andrea Carvajal Toro
2.- Tesorera: Jennifer Rojas Páez
3.- Secretaria: Joselyn Molina Ibacache
AFAEB asistió a la instancia de diálogo convocada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que cuenta con la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El objetivo es escuchar a las y los actores del mundo del trabajo para abordar medidas laborales que contemplen condiciones para una redistribución equitativa de los cuidados en la sociedad”.
El 7 de noviembre fue la sesión en la que AFAEB expuso los resultados de la encuesta realizada entre enero y marzo y que recogió la percepción de sus asociadxs en términos del trabajo remoto.
En dicha oportunidad también estuvieron presentes asociaciones de integra, dirección del trabajo y sindicatos de empresas privadas.





Ante las diversas publicaciones y opiniones vertidas en medios de comunicación hegemónicos y redes sociales, nos vemos en la necesidad de hacer algunas aclaraciones que permitan a la ciudadanía comprender el origen de esta situación como su dimensión y consecuencias.
En primer lugar, el programa de becas Tic´s que gestiona Junaeb tiene una cobertura anual promedio de 130.000 estudiantes por año. Se trata de una beca que se asigna ante el cumplimiento de ciertos requisitos (focalizado) ya que pretende apoyar a estudiantes de 7° Básico que han demostrado un buen desempeño y pertenecen a un segmento vulnerable de la población.
Esta focalización implica que va dirigida a estudiantes específicos, que poseen los méritos académicos y características sociales que lo hacen adjudicatario, por tanto, no es posible reasignar a otras y otros estudiantes que no cumplan con los requisitos estipulados. Por tanto, no es posible que Junaeb disponga bajo un criterio propio la reasignación de los computadores que no logra entregar.
Cabe considerar que Junaeb ha asignado más de 933.000 computadores en estos 8 últimos años, de los que un 1% se encontraban en bodegas (10.000), debido a que eran equipos sin asignar (0,6% del total), y otros cuyos destinatarios no fueron ubicados, pese a diversas acciones de búsqueda desde Junaeb (0.4%).
Estamos frente a un programa que logra entregar el 99% de los equipos asignados a sus destinatarios cada año, por lo que resulta totalmente irresponsable afirmar que el Estado es ineficiente, o que este resultado demostraría la incapacidad para hacerse cargo de temas como la administración de pensiones.
Al contrario, esto demuestra que pese a la vulnerabilidad de la población destinataria y de nuestra propia institución, se ha logrado con enormes dificultades en términos de recursos institucionales y con gran esfuerzo de los propios trabajadores y trabajadoras, cumplir con los objetivos del programa.
Respecto a la posibilidad de reasignar computadores, existen limitaciones dadas por la glosa presupuestaria y por otra parte, para dar de baja equipos se requiere de una serie de condiciones, que están definidos por normas que no determina Junaeb.
Por todo lo planteado, exigimos mayor rigurosidad y responsabilidad en los planteamientos, y a la parlamentaria Chiara Barchiesi a ejercer su rol de fiscalización de manera activa y permanente, informándose previamente de la dimensión, alcances y causas de la situación antes de salir a usarnos de argumento en contra de un proyecto gubernamental.
Finalmente, agregar que sí es necesario robustecer y fortalecer nuestra institucionalidad, que nuestros programas son indispensables para garantizar el derecho a la educación, y por tanto se requiere de mayores atribuciones, mayor dotación y condiciones de trabajo decente que nos permitan entregar cada día un servicio más oportuno, de mayor calidad y humanidad.
Directiva Nacional AFAEB
Coordinadora por una alimentación digna
Noviembre 2022
No es novedad que estamos en medio de una crisis económica, política y social que afecta a gran parte de las familias y trabajadores/as del país, sobre todo, aquellos sectores que habitan cotidianamente establecimientos educacionales y de salud pública.
La pandemia trajo consigo una serie de consecuencias en el espacio educacional. Por una parte, el encarecimiento general de la vida ha volcado en las escuelas la carga de proveer el alimento que permita sostener el día a día de las familias chilenas y, por otra, el retorno intempestivo y desregulado a clases presenciales hizo imposible resolver muchos de los problemas de salud mental generados en niños, niñas y adolescentes durante una pandemia.
En los últimos meses, las y los estudiantes nuevamente se han encargado de develar aquello que como sociedad no queremos oír. Esta vez, sobre la profunda crisis alimentaria que están padeciendo los niños, niñas y adolescentes de las familias chilenas, en el contexto del abandono de la educación pública, y con ello también, de la infraestructura que posibilita o no una alimentación digna.
Durante la emergencia sanitaria se implementó el programa a través de la entrega de cajas de alimentos para su preparación en los hogares, lo que pese a ser una modalidad de apoyo, evidenció los límites de un modelo incapaz de responder a las demandas de calidad, oportunidad y pertinencia tanto en la emergencia, como en el período regular.
La alta externalización y el lucro que significa este programa traslada la preocupación por los niños, niñas y jóvenes a un segundo plano, donde el Estado aparece más como garante de los intereses económicos de privados que de los derechos de las y los estudiantes.
En este marco, como conjunto de organizaciones y actores vinculados a la educación pública, creemos urgente avanzar hacia los siguientes objetivos.
Para ello, exigimos medidas urgentes al Gobierno de Gabriel Boric y a las diversas autoridades públicas involucradas.
Entendiendo que los cambios que se requieren son de orden estructural y ante la realidad que nos enfrenta a una profunda crisis social y económica creemos indispensable tomar acciones inmediatas. Para ello, proponemos las siguientes medidas de corto plazo:
El día de hoy se realizó un encuentro virtual vía teams para recordar los resultados del trabajo del congreso AFAEB desarrollado entre agosto y septiembre de 2021.
Con la participación del servicio civil, Afaeb, la Universidad de Chile, SDGDP y miembros de gabinete de la Dirección de Junaeb, se desarrolló la primera Mesa Ampliada que contempla el proceso de (re) construcción de una nueva estructura y ley para Junaeb.
En esta ocasión se presentó la metodología de participación que se contempla para recoger la visión y perspectivas que los distintos equipos tienen respecto del presente y futuro institucional.
Con el fin de promover una participación efectiva y con sentido se propusieron y aprobaron instancias colectivas e individuales que permitirán conocer y comprender las distintas miradas que forman parte de nuestra identidad funcionaria, para posteriormente construir una propuesta de estructura que permita sostener los desafíos institucionales.
Nuestra directiva nacional, que participó de manera mixta, hizo un llamado a confiar en las personas y en los aportes que en este proceso harán, porque quienes más quieren la institución son las más interesadas en aportar al debate.
Prontamente se dará inicio a las actividades asociadas a este proceso, al que llamamos desde ya a sumarse y a contribuir para que esta nueva Junaeb sea fruto del aporte de todas, todos y todes.
Ante el fallecimiento de la trabajadora de Aliservice, Claudia Uribe Becerra,
quien se desempeñaba como manipuladora de alimentos para el programa de
alimentación en el Jardín Infantil Guacolda de la Región de Valparaíso
manifestamos en primer lugar nuestro profundo pesar y solidaridad con su
familia, amistades, compañeras de trabajo y comunidad del establecimiento
educacional.
Esta dolorosa tragedia no puede verse como un hecho aislado, ya que si bien
tuvo consecuencias fatales debe llamarnos a poner la atención en las
condiciones de seguridad en las que se desenvuelven día tras día las
trabajadoras que se encargan de preparar la alimentación a párvulos, niñas,
niños y adolescentes en los diversos establecimientos de que implementan el
Programa de Alimentación (PAE y PAP).
Lamentablemente no es posible asegurar que las condiciones de riesgo que
permitieron este accidente laboral (montacarga sin mantención) no estén
presentes en los miles de establecimientos que se desempeñan las
manipuladoras de alimentos, por lo que llamamos a las autoridades a asumir su
responsabilidad frente al cuidado y protección de la salud y vida de las y los
trabajadores.
La creciente precarización de la vida y el trabajo que hemos vivido en las últimas
décadas dejan al descubierto la desprotección y falta de compromiso de las
empresas que el Estado contrata, que maximizan sus ganancias a costa del
riesgo que asumen las personas de manera individual.
Como trabajadoras y trabajadores de las instituciones mandantes de los
servicios de apoyo a la infancia y adolescencia, exigimos empresas
responsables que garanticen condiciones seguras y a su vez, que nuestras
autoridades a asegurarse de que dichas condiciones se cumplan, fiscalizando
en terreno tanto a jardines como a escuelas y liceos.
¡¡La protección de la salud y la vida no se transan!!

SINDICATO NACIONAL FUNCIONARIOS INTEGRA- SINAFFI
ASOCIACION NACIONAL FUNCIONARIOS DE JUNAEB- AFAEB
ASOCIACION PROFUNCIONARIOS JUNJI- APROJUNJI
SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE INTEGRA- STI
SINDICATO DEMOCRATICO FUNDACION INTEGRA
En estos días se ha conocido la noticia de que la ex intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto sería sancionada con destitución luego del sumario realizado por Contraloría, por nada menos que fraude al fisco, por un monto de $9.800.000.000
La entidad de control comprobó la compra irregular via trato directo de terrenos, eludiendo la toma de razón correspondiente.
En dicha actuación también se encuentra involucrado y con misma sanción propuesta (destitución), el ex asesor jurídico de Junaeb Coquimbo, Eduardo Espinoza, quien se desempeñó en el primer gobierno de Piñera, a honorarios durante la dirección de Yuri Olivares.
Cabe recordar que dicha gestión regional estuvo marcada por prácticas contra las dirigentas regionales de AFAEB, a quienes este asesor intentó censurar, además de hostigar permanentemente a nuestro ex colega, que ocupaba un cargo de concejal, Lombardo Toledo.
Este sujeto, dado el tipo de relación que estableció con el equipo regional, se ganó el apodo de “el sicario”, manteniendo una foto en su oficina, donde tenía a las personas marcadas, según su afinidad o no con la Dirección de turno.
Desde la institución en su entonces se elaboró un perfil a su medida, que le permitió mantenerse y con total confianza de la jefatura regional generar tensión, y problemas de clima laboral. Esta noticia siembra la duda de las actividades que desarrollaba mientras se desempeñó en nuestra institución y los posibles negocios personales que pudo haber generado desde dicha posición de poder, por lo que se hace aún más necesario que como asociación y funcionarixs mantengamos una actitud vigilante con aquellas conductas que puedan vulnerar la ética y la probidad.
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